La decisión más significativa es la propuesta para debatir en una docena de foros regionales el tan demorado proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual.
La presentación del texto comienza por explicar cómo cumplirá con los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una Radiodifusión Democrática elaborados por una amplia coalición de organizaciones.
Cada artículo está respaldado por legislación de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.
La reserva de un tercio del espectro para personas sin fines de lucro; la participación como radiodifusores de provincias, municipios y organismos no gubernamentales; las cuotas de producción nacional; la referencia a los principios de libertad de expresión y pluralismo contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos; la regulación por un ente colegiado en el que tendrán representación las dos principales fuerzas de la oposición en el Congreso, como también ocurrirá con el sistema de medios públicos; la intervención legislativa en el nombramiento de la autoridad de aplicación, el sistema de medios públicos y el Defensor del Público; las audiencias públicas antes de prorrogar una licencia; el establecimiento de una tarifa social para el servicio básico de cable allí donde no haya alternativas, conforman un conjunto de una amplitud y solidez superior a los de cualquier proyecto anterior en la materia.
Los objetivos de desconcentración y desmonopolización incluyen varias cláusulas merecedoras del debate a fondo que se inicia. Por ejemplo, los titulares de licencias de televisión abierta (como los canales 2 y 13), no podrán poseer al mismo tiempo licencias de televisión por cable (como Supercanal y Cablevisión/Multicanal). Quienes operen sistemas de cable por suscripción (como Supercanal o Cablevisión/Multicanal), sólo podrán poseer una señal propia (como América 24 o TN). Esto obligaría al Grupo Clarín y a la sociedad integrada por el diputado De Narváez, la familia Vila y José Luis Manzano a desprenderse del canal de aire o del cable.
En cambio, Clarín podrá conservar un canal de televisión, lo cual implica un grado de permisividad superior a la de Estados Unidos, donde el Wall Street Journal o el New York Times no pueden hacerlo en Nueva York.
Otro punto polémico es la posibilidad de que los prestadores de servicios públicos, como las dos grandes telefónicas, operen un servicio de televisión por cable. Hace dos décadas se lo prohibió la ley de privatización de ENTel.
Es cierto que para levantar esa veda la propuesta oficial pone como condición que las telefónicas abran más de la mitad de su propio mercado a la competencia mediante una serie de duras exigencias.
Entre ellas:
- Permitir en las mejores condiciones técnicas y de precios la interconexión con otros operadores, en cualquier punto de su red.
- Posibilidad de que el cliente conserve su número telefónico, celular o fijo, aunque cambie de compañía prestadora y/o de domicilio.
- Facilitar a los competidores el acceso a su propia infraestructura de postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado, y a su información técnica y comercial pertinente.
- Interoperabilidad de redes.
¿Esto es suficiente o debería mantenerse la prohibición?
Nada mejor que discutirlo en un año electoral, para que cada uno decida si es más merecedor de su voto el gobierno que propone esta reforma o la oposición, que anuncia su alianza con los grupos económicos para resistirla, o que tiene intereses creados en la situación preexistente.
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